No se puede negar la presencia, en todo los ámbitos de la vida política y social guatemalteca, de mujeres indígenas visibilizando sus derechos, jóvenes, feministas, lesbianas, en la lucha por la vida, por los recursos naturales, por la tierra, en contra de la discriminación, porque se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos.
Comadronas, mujeres de la tercera edad en la lucha por pensión y seguridad social, mujeres involucradas en partidos políticos, académicas, investigadoras, periodistas y por su puesto al movimiento de mujeres, que ha logrado tener incidencia y presencia en la vida nacional alcanzando logros fundamentales.
Se podría decir que han transcurrido 62 años de luchas de las mujeres por su reconocimiento y no se ha avanzado sustantivamente en cuanto a derechos fundamentales, sociales, culturales y políticos de las mujeres, más bien en algunos aspectos hay retrocesos.
Si hablamos de participación de las mujeres, tenemos que ubicarnos en los procesos sociales y políticos por los que hemos transitado, entendiendo la participación como todos aquéllos actos o quehaceres que hacen de las mujeres protagonistas de los diversos procesos sociales mediante su intervención en actividades socio-económicas, políticas y culturales de la vida de una localidad o de la nación. La participación puede ser organizada o no, y puede implicar interactuar con el Estado o no. Es preciso abrir el debate, revisar, analizar desde nosotras mismas nuestro quehacer, desde las organizaciones, en términos del aporte, la incidencia y logros en la democratización de todas las esferas de la sociedad.
La participación política y social de las mujeres guatemaltecas es aún incipiente, el derecho al voto fue conquistado a partir de la constitución de 1945. Donde se garantizó la organización de partidos y reconoció la ciudadanía a las mujeres con sus derechos y deberes. Uno de los aportes fundamentales de la Revolución del 44 en términos políticos fue la promoción de la participación política; desde manifestaciones políticas de protesta, sociales y asistenciales.
A partir de 1944 las mujeres empezaron a participar en la fundación de los primeros partidos modernos como el Frente Constitucionalista de Occidente, formado en Quetzaltenango, la Unión Femenina Guatemalteca Pro-ciudadanía, que tenía como objetivo central lograr el reconocimiento a sus derechos cívicos, la Alianza Femenina Guatemalteca que tenía dentro de sus objetivos el acceso a la tierra y al crédito para campesinas, protección laboral para obreras, ayuda estatal para pequeñas comerciantes, iguales oportunidades para profesionistas y aminorar el costo de la vida para las amas de casa; asimismo se pronunciaron por el ejercicio de los derechos políticos y la igualdad ante la ley para las mujeres.
Desde 1950 se otorgó el voto a las mujeres analfabetas, pero no fue sino hasta 1965 cuando lograron el reconocimiento pleno no sólo de ser electoras, sino también de ser electas. Llama la atención la conformación del Partido Femenino Guatemalteco que, curiosamente, se declaró no feminista y afirmó tener ocho mil afiliados.
Posteriormente con el desenvolvimiento del movimiento revolucionario armado también hubo participación importante de mujeres, jóvenes y mayas, es importante decir que las mujeres fueron víctimas de la represión de una forma más cruel y sanguinaria.
A partir de las negociaciones de los acuerdos de paz el sector de mujeres de la asamblea de la sociedad civil, grupos de viudas, de defensoras de derechos humanos, estudiantes, empiezan a configurar una nueva actora en la vida política del país, se podría decir que los acuerdos de paz, desde su negociación, permiten reconfigurar la participación política y social de las mujeres desde el ámbito local, municipal, regional y nacional, urbano como rural sacando a las mujeres al ámbito público.
Sin embargo “La sociedad y el Estado -o cualquier otro espacio de síntesis del poder- tienen un conjunto de objetivos ligados al control, al ordenamiento y a la sanción de la sexualidad. Es función estatal regir las relaciones entre los géneros, velar por que se cumpla la división del trabajo y de la vida, controlar el cuerpo y la mente de los ciudadanos, establecer y llevar a cabo la política demográfica que se requiere, lograr consenso de acuerdo con los intereses que sintetiza.”
Está claro que el sistema capitalista contribuye, sustancialmente, no sólo a las asimetrías sociales, sino étnicas y de género. Lo que en el caso de las mujeres les obliga a someterse de nuevo y regresar al hogar, es necesario tener claros los efectos de la globalización neoliberal y cómo afecta la vida de las mujeres, e iniciar a establecer puentes entre las mujeres del movimiento y las que participan en el ámbito político para construir una agenda política de izquierda desde las mujeres.
Por ejemplo abordar el tema del feminicidio debe ser uno de los aspectos importantes de analizar. Según Silvia Solórzano, responsable de asuntos políticos de la mujer de URNG, el feminicidio es multicausal, se pueden mencionar las condiciones socioeconómicas y de pobreza, la cultura patriarcal, el machismo e identifica algunos elementos de limpieza social, que caracteriza como violencia política y social; parece haber una intencionalidad de regresar a la mujer al ámbito doméstico. Desde el estado ha habido una posición de omisión ante esta situación, no ha habido respuesta ante las denuncias, no se han adoptado medidas eficientes y mucho menos existen políticas para abordar el problema. “La impunidad es uno de los factores que potencializan y reproducen los asesinatos a mujeres”.
Según la diputada mexicana Marcela Lagarde el prerrequisito para erradicar el feminicidio parte por una reforma democrática del Estado con perspectiva de género.
Uno de los planteamientos del movimiento, tal y como lo plantea la Coordinadora 8 de marzo, la lucha es “tanto en la casa como en la calle, por el cese de la violencia contra las mujeres, por la no discriminación hacia las mujeres mayas, xincas, garífunas y mestizas, contra el hambre, la falta de oportunidades y la indiferencia y omisión del Estado ante nuestras demandas.”
Por lo que las demandas son encaminadas hacia “Transformar este Estado patriarcal, capitalista, racista, homofóbico, violento y fundamentalista; en un Estado justo, equitativo, laico, diverso y seguro para las mujeres y la sociedad.”
Existe una agenda política construida por las organizaciones de mujeres sin embargo no ha sido asumida en su totalidad por las instancias gubernamentales y no ha habido coherencia desde la agenda legislativa, estando ausente por su puesto en este nivel la perspectiva de género.
No se puede seguir dejando totalmente en manos de los políticos el impulso de la agenda de las mujeres, la participación social, comunitaria, ciudadana de las mujeres, es fundamental para la democratización del país, pero la participación política es necesaria, eso significa involucrarse en el sistema político patriarcal y misógino, donde los liderazgos femeninos se desarrollan en medio de grandes presiones, enfrentando soledad a lo interno de las agrupaciones políticas y a lo externo alejadas del movimiento de mujeres, pero es fundamental involucrarse para impulsar y revisar políticas a favor de las mujeres, y llevar los planteamientos de una sociedad diferente y a la exigencia de un estado social que beneficie a la población en su conjunto y no al mercado.
8 de marzo de 2006.
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